LA EXCEPCIONALIDAD COMO FORMA DE GOBERNABILIDAD.

...al organizar un gobierno que ha de ser administrado por

hombres para los hombres. La gran dificultad estriba en esto:

primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre

los gobernados: y luego obligarlo a que se regule a sí mismo.

El Federalista, LI (1788)[1]

ESCRITO POR: CAROLINA KOSZTURA RINCON 

Varios autores coinciden sobre lo desafiante que es para un gobernante el mantener y en algunos casos llegar a tener un equilibrio sobre el tema de la gobernabilidad, sin importar las distintas definiciones y divisiones que cada uno haga sobre el concepto.

Lo claro acá es la distancia y cercanía que pueda tener los mandatarios sobre su propia significación de cómo deberían gobernar; y sobre todo de como seria gobernar bien.

En el caso particular de esta investigación la gobernabilidad de Álvaro Uribe, se le podría llamar instintiva, de corazonadas; como las que puedan tener los padres de familia cuando aparecen situaciones inesperadas, donde en primera medida quieren desde el cariño de un padre a un hijo explicar con argumentos convincentes el entendido que ellos comprenden sobre el funcionamiento de la vida, explica cómo logró abstraerse de la realidad misma para poder ver desde arriba, el panorama que él bien conoce. Lo cual lo inviste de poderes sobre las decisiones, las cuales no se deben cuestionar y mucho menos desacatar.   

En efecto, lo anterior no es compatible con la administración de un país. Pero en el caso del estilo de gobernar de Álvaro Uribe con rasgos de paternalismo autoritario en su mandato. Ahora voy a tratar más puntualmente el asunto de la gobernabilidad No cabe duda, del histórico debate que se ha construido alrededor de la gobernabilidad; donde en una manera acertada se ha definido como: Un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz. (Camou, 2001, pg 10)

Colombia en la región latinoamericana es un país encuadrado dentro de los lineamientos de la globalización y en la política de securitización internacional. Esta última afianzada aún más en el gobierno de Uribe Vélez; es después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que la securitización se insertó en los distintos temas de agenda pública. Al respecto conviene decir que el término de securitización era común escucharlo en escenarios económicos y de comercio exterior para afianzar la certidumbre financiera de las inversiones de las empresas. Aquí conviene detenerse un momento a fin de analizar el tipo de gobernabilidad ejercida por Uribe sin salirse de la lógica económica.

Basándonos en las estrategias que tuvo el gobierno, nos encontramos que ese tema era prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo: se sabe que el principal síntoma del aumento de la pobreza es el incremento de la tasa de desempleo y la caída en los ingresos laborales de los hogares.

Durante la última crisis se presentaron varios efectos nocivos para la economía en donde resultaron muy golpeados los hogares más pobres; (1) la tasa de desempleo en Colombia aumentó a niveles superiores del 20%; (2) las mujeres y los hombres vieron reducir su ingreso en un 4,6% y en un 12,7%, respectivamente; (3) aumentó la tasa de participación en el mercado laboral de los jóvenes y niños en edad escolar, y esto tuvo como consecuencia una disminución en el número de años promedio de educación de la población –en el período 1996-2000 este número aumentó en 7,2%, mientras que en el período siguiente, 2000-2004, sólo creció 3%. (PND, 2006 - 2010).

Cierto es que la disminución de la pobreza ayuda considerablemente a la economía del país; pero también es cierto que no ayuda profundamente en la solidez económica de cada familia que deja el desempleo.

Cabe señalar, el aumento de micro créditos a familias menos favorecidas hace obligatoriamente insertarlas en la dinámica financiera, sin una política pública seria de empleo y continuidad en el mismo.

En el marco del concepto de gobernabilidad La pérdida de la conducta política[2] es evidente en el ejercicio presidencial de Uribe Vélez. Basando su discurso en la transformación de la política colombiana; crea nuevos códices de conducta institucional que no se habían hecho anteriormente en la historia del país. Recrea espacios de participación popular, de horas interminables para dar cuenta de las necesidades locales de las regiones y administrar políticamente y sobre todo democráticamente a la Colombia que en sus propias palabras ha estado olvidada por el gobierno central.

Es por eso que los consejos comunales traspasan la línea invisible de la realidad y el imaginario social. Antonio Camou lo resuelve de la siguiente manera:

“La reestructuración del espacio provoca un desperfilamiento del ámbito político. Resulta difícil precisar el lugar que ocupa la política, los límites que distinguen la esfera política de la no política, el campo de competencia propio al quehacer político, en fin, el sentido de hacer política. Tal indeterminación afecta por igual a los políticos, cada día más inseguros acerca de su rol y función, como a los ciudadanos que ya no saben dónde y cómo ejercer sus derechos. En tales condiciones, no sorprende que la gente tenga dudas acerca del valor de la política”.  (Camou, 2001, p. 91).

Traer desarrollo a las regiones se introduce, en la esencia de la democracia latinoamericana de modelo keynesiano de economía, donde le intervencionismo del Estado es determinante en la regulación del comercio. Convirtiéndose el interés general el bienestar económico de la industrias más grandes o prometedoras del país.

El gobierno de Álvaro Uribe fue autor y coautor de tres leyes económicas. 1. Biocombustibles, 2. Forestal y 3. Estatuto Rural.

Reconfigurando así la administración en temas territoriales en poco tiempo, los tres proyectos se radicaron en tan solo 39 meses, desde el 10 de abril 2004 hasta el 25 de julio 2007. (Arco Iris, 2010 p. 362)

Entonces tenemos:

·       Ley General Forestal (LEY 1021 DE 2006): Concebida como ley integral para los asuntos forestales. Pero parecía más a un régimen de aprovechamiento forestal que a uno de conservación. (Foro Nacional Ambiental, 2005. En “Y refundaron la patria”)

Posteriormente por medio de sentencia constitucional (C-030), el 23 de enero de 2008 la corte declaró inconstitucional, en su totalidad la ley forestal.

·       Ley de Saneamiento de Propiedad (LEY 1182 DE 2008): Villegas, Revelo y Uprimny de Dejusticia en la investigación realizada en el libro “Y refundaron la patria” destacan: Con el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, se construyó un plan de reforma institucional que redefinió el campo en Colombia. La ley también modifico el Incoder, y otras instituciones; el tema de reubicación de población en zona de desastres seria asumida por la Dirección de Atención y Prevención de Desastres. La asignación de tierras a los reinsertados a cargo de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. La atención a minorías étnicas, asumida por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia. La administración de bienes baldíos adjudicables, a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales y la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales. Asignación de tierras a la población desplazada, asumida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperación Internacional. Y el saneamiento jurídico y Fiscal de bienes extinguidos e incautados en procesos judiciales de extinción de dominio, estaba a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes.   

La Corte constitucional por medio de sentencia C- 175 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas, declaró inconstitucional la totalidad del Estatuto.

Lo cierto es que se desvanece lo que al inicio de este tema se planteaba como significado de gobernabilidad, y es más claro aún  es la intención del gobierno Uribe de beneficiar a unos pocos a costa de la propiedad de todos los colombianos.

Siendo evidente la importancia agrícola para el empuje económico, por medio del AIS (Agro Ingreso Seguro) se materializó la intención de la reforma agraria colombiana por medio de subsidios a agricultores colombianos. La denuncia fue hecha por la Revista Cambio en el 2009:

“Acceder a un subsidio del programa Agro Ingreso Seguro es como ganarse la lotería, pero durante la gestión de Andrés Felipe Arias, hoy precandidato conservador, buen número de los que recibieron subsidios no reembolsables son grandes empresarios del campo y familias millonarias con gran influencia política regional”.

Siendo que 45 financiadores de la reelección recibieron subsidios. Además de la familia Dávila y de Valerie Domínguez, otros beneficiados fueron: Familia Tribín, zona bananera, 2.140 millones. Familia Riveros Páez, Meta, 2.000 millones. Familia Vives, zona bananera, 1.610 millones. Familia Fernández de Castro, zona bananera, 1.413 millones. Familia Posada Grillo, Valle, 1.037 millones. Familia  Cuello, La Guajira, 629 millones.

Mientras tanto el desplazamiento de los campesinos, iba en aumento, con ayuda del clientelismo armado para tales fines, que deterioran la estabilidad social de Colombia.  Siendo definitivo el efecto colateral de la Providencia en la presidencia de Uribe Vélez; ya que, llegado a este punto y con las pretensiones al inicio de su primera campaña presidencial, el segundo mandato del presidente Uribe Vélez se puede analizar como el daño colateral del primero.

La explicación radica en lo expuesto en el segundo capítulo de esta investigación planteado por Agamben, de cómo el acto de gobierno representa una zona de indecibilidad. Entre lo general y lo particular. Entre lo calculado y lo no querido.

El segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe demuestra una vez más la línea excepcional de su mandato configurándose su carácter despótico traspasando las libertades de todos los colombianos; como lo explica Agamben en el capítulo de Maquina Providencial. Traducido por Uribe, donde el bien general reposa en los intereses económicos de los gremios, representaría el interés particular que en este caso es la sociedad colombiana campesina y obrera.

Siendo evidente la base de la gobernabilidad de Uribe Vélez, basándose en dos temas primordiales. Por un lado el manejo de la seguridad, enfocándola al servicio de los tradicionales industriales, y de los nuevos dueños de los medios de producción; reconfigurando el agro del país para así devolver los favores recibidos en la campaña presidencial. Arrollando el clientelismo a los intereses sociales del país. 

---

[1] Tomado de “los desafíos de la gobernabilidad”. Camou Antonio. FLACSO Mexico, 2001 - 338 páginas

[2] Para Antonio Camou: No es lo mismo tener democracia a gobernar democráticamente. Una vez conquistado un "nivel mínimo" de democracia de cara al autoritarismo, se vuelve preocupación prioritaria la gobernabilidad, o sea las condiciones de posibilidad de gobernar en el marco de las instituciones y procedimientos democráticos. La gobernabilidad democrática

es problemática no tanto por un supuesto exceso de demandas sociales. Los Desafíos de la gobernabilidad, pg 92.

PERLITAS DE DEMOCRACIA

COLOMBIA

Después de la independencia, la democracia ha pasado por varios estadios de prueba con el propósito de encontrar cuál de todos es el mejor y aplicable a la sociedad que represente a cada nación, y promovido por el actor del ejecutivo que en el momento ostenta el poder y las decisiones de cada país, pero con una base ideológica constante que es la participación del pueblo en la administración de la cosa pública, es decir, las decisiones, construcción de leyes y soporte para un bienestar general.

Para el caso de Colombia, el derecho legítimo de todo ciudadano para participar en la conformación, ejercicio y control del poder político se encuentra consagrado en el Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, así mismo de acuerdo con su Artículo 95,  “la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades”. En desarrollo de lo enunciado,  en el numeral 5 del citado artículo, se indica como deber de la persona y el ciudadano “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”.

La definición de los mecanismos de participación ciudadana por medio de los cuales se puede ejercer el derecho señalado en el artículo 95 se observan en el Artículo 103, según el cual “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de sus soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

Es entonces que con la constitución de 1991, Colombia se caracterizara como una democracia representativa y participativa. De la mano de la seguridad y gobernabilidad democrática (Herrera Zgaib, 2005). Las cuales se analizaran en profundidad en el tema que lleva el mismo nombre dentro de la investigación. 

VENEZUELA

En un marco referencial de 10 años atrás, el Bolivarianismo en Venezuela está dado por la elevación al poder del Presidente  Hugo Chávez Frías en 1998, este se ve reflejado en el desarrollo de la nueva constitución y asamblea nacional Constituyente hacia 1999, que buscaba unos intereses  sociales y económicos en beneficio de la población garantizando programas de Educación, Salud y Cultura, fundamentada en los ideales de política dados por Hugo Chávez.

Este movimiento Bolivariano esta antecedido por los distintos hechos históricos que condujeron a una desigualdad fehaciente en las comunidades más pobres de la Nación y una fuerte acumulación de Capital, para los representantes mayoritarios y privados del sector petrolífero y sus potenciales demandas internacionales, causando el inconformismo en la sociedad civil. Hechos enmarcados, durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y sus malas decisiones sobre política económica  que llevaron a una crisis al País.

Para empezar a entender porque la democracia en Venezuela se promulga Programática y Participativa, es bueno, conocer, el ámbito donde se desarrolla el campo profesional y Militar de la Vida de Chávez, y lo que sus ojos alcanzaban a percibir sobre las desigualdades a las  que se enfrentaba el país, pues “Los militares en Venezuela provienen en su mayoría de los sectores humildes de la población, cuyas familias vivían el empobrecimiento provocado por la prolongada crisis. Ellos, a diferencia del resto de sectores populares, tenían acceso a educación superior de calidad” y se podía observar con criterio “el contraste entre el gasto suntuoso y corrupto de estos y la miseria que vivían una parte de los venezolanos cercano a ellos  tendieron a sensibilizarlos ante las desigualdades y abusos de poder” (Offe, 2009) Con este antecedente, es claro entender, porque las formas de movimientos Civiles como el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR200) apuntaban al propósito de “rescatar los valores patrios, dignificar la carrera militar y luchar contra la corrupción”.

Estos propósitos políticos hicieron que Chávez subiera a la presidencia en 1998, condicionado por las buenas pautas políticas y publicitarias en el desarrollo de su campaña electoral. Pero, ¿Que realmente buscaba Chávez? El socialismo del Siglo XXI, a lo que apuntaba el Líder Venezolano es a generar una economía planificada donde no existiera ninguna asimetría “que se crean debido a la apropiación que el Burgués hace de la plusvalía del trabajo del obrero, se pague el salario según el tiempo invertido en la elaboración del producto o en la prestación del servicio” (Marquez, 2009).

Lo que se busca, es establecer un crecimiento y más que ello, un desarrollo homogéneo entre los distintos miembros que componen la ciudad sin distinción de clase, edad o género, hecho verídico que se legitima ante la Constitución Venezolana (1999) en lo que se refiere al Poder Ciudadano, aunque pierde calidad de poder en  las atribuciones dadas al Poder Ejecutivo Nacional, Jefe de Estado, en la misma Carta Magna. En este sentido. Chávez, reconoce distintas formas de propiedad, que dentro de la complejidad de su institucionalidad, da una pauta organizacional y administrativa. Propiedades, que permiten el desarrollo de políticas públicas en territorios, comunas y comunidades coartado por la calificación de Chávez de una “economía social productiva de autogestión”, esta gestión permite enfocarse hacia los intereses particulares de los miembros que componen la ciudadanía, la democracia participativa y protagónica, la cual busca “combinar la existencia  de las clásicas instituciones representativas con la apertura de espacios de participación política como el referendo y la consulta popular  entre otros” (Marquez, 2009) para sustentar;

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación de mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, siendo las decisiones de esta ultima de carácter vinculante, los consejos del Poder Popular (consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros), la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad comunal, las cajas de ahorro comunales, las redes de productores libres asociados, el trabajo voluntario, las empresas comunitarios y demás formas asociativas constituidas para desarrollas los valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista (Chavez,2007. PP. 237)”.

Sin embargo, y so pena de los esfuerzos por demostrar una política propositiva entre la vinculación de la sociedad como agente de toma de Decisiones en los programas estales, dado por los mecanismos anteriormente enunciados y la voluntad popular, el índice de calidad de la democracia de Venezuela se encuentra en un 67.8% ubicándose en el puesto 13 de 16  países evaluados (Marquez, 2009), hecho que deja entrever que Venezuela aún le falta un camino por recorrer para establecer una democracia participativa hacia los estamentos públicos estatales.  

Por otra parte, y siguiendo con el panorama del Socialismo del siglo XXI  Chávez constituye 5  Motores que a juicio suyo instauraran el Socialismo en Venezuela.

El primer Motor estaría constituido por una ley habilitante que, de acuerdo a la constitución le permitiría a la asamblea nacional delegar en el ejecutivo la capacidad de elaborar leyes por un periodo delimitado (art.203).

El segundo motor consistiría en una “integral y profunda” reforma de la CRBV, con la cual el presidente podría, entre otros aspectos, modificar artículos que en lo económico o en lo político obstruyeran el camino hacia el socialismo.

El tercer motor lo llamo:” jornada de moral y luces” y  comprendía una campaña de educación moral, económica, política y social en todos los espacios de la sociedad.

El cuarto motor “la geometría del poder”, donde propondría una nueva manera de distribuir los poderes político, económico, social y militar sobre el espacio nacional, para generar sistemas de ciudades y territorios federales más cónsonos, según él, con las aspiraciones del socialismo y la realidad actual (Gaete, 2009. pp 42).

El quinto motor- y el más importante de todos- la “explosión revolucionaria de poder comunal” (ibid. 2009), según la cual se conformaría en el Estado un poder popular que cambiaría la naturaleza de este y lo haría socialista”. A decir verdad, la política de Chávez suele ser ambigua respecto hacia donde desea enfocar el desarrollo de la Democracia participativa y protagónica, pues muchas de las medidas y de decisiones que toma, a veces apuntan al desarrollo de todos y para todos, la sociedad, y a veces indica solo intereses particulares del Jefe de Estado.

CHILE

La democracia en Chile, en su reincorporación tras la salida del régimen militar de Augusto Pinochet, en el año 1989 se ha tomado por diversos estudios como punto de referencia tanto a nivel regional como mundial, como un prototipo ideal bajo el cual puede un Estado incorporar de manera eficaz las formas de globalización sin trascender  de manera perjudicial en su bienestar, desarrollo y crecimiento económico, es considerado el modelo por el cual se toman sus ejes institucionales para lograr un competitivo y formado desarrollo sostenido en todos los pilares de su dinámica democrática. (Castel, 2005) afirma: “la experiencia chilena en los años noventa demuestra la posibilidad de crecimiento económico con integración en sus beneficios de la gran mayoría de la población, aun de forma desigual, en el marco de la nueva economía global”.

En este texto el autor muestra a Chile en el contexto mundial como pilar de desarrollo y democracia bajo la globalización, se contrastan los desafíos que albergan a los países subdesarrollados, especialmente los Estados latinoamericanos quienes mirados bajo la misma óptica de desafío a nivel institucional se enfrentan a lo que él llama “informacionalismo”, expone de esta forma que el modelo de democrático chileno de desarrollo que ha condicionado, el modelo autoritario liberal incluyente  es la razón de tal calidad democrática.

Este acierto Chileno, considerado por muchos analistas y sociólogos, como uno de los ejemplos más sobresalientes de una democracia clara y establecida dentro del panorama mundial, se pone en tela de juicio, citando sus raíces de fundamentación y legislación como tal del sistema democrático por su concepción bajo la constitución emergida durante el periodo dictatorial de 1980.

Se afirma hay rastros claros de los enclaves autoritarios heredados precisamente de la dictadura que no han sido superados en las dimensiones constitucional, electoral y ciudadana, resultando en Chile una “democracia incompleta”. (Garreton, M. 2010). La democracia incompleta en chile: La realidad tras los rankings internacionales. (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científic, 30 (1), 115-148).

La dinámica de los diferentes países de Latinoamérica en los últimos diez años ha dado lugar a posiciones protagónicas de algunos de estos países en diversos espacios de carácter mundial,  lo cual ha ocasionado el fortalecimiento y debilitamiento de algunos bloques subregionales ya existentes.

En ese sentido, es necesario establecer puntos de comparación en los sistemas políticos de tres de los países más influyentes en Suramérica, como lo son Venezuela y Chile, incluyendo en este estudio a Colombia; analizando los conceptos de democracia, participación, representación y emergencia de grupos civiles, y determinando la influencia de cada uno de esos conceptos en el papel que dichos países han jugado en los procesos de integración regional.