LA EXCEPCIONALIDAD COMO FORMA DE GOBERNABILIDAD.
...al
organizar un gobierno que ha de ser administrado por
hombres
para los hombres. La gran dificultad estriba en esto:
primeramente
hay que capacitar al gobierno para mandar sobre
los
gobernados: y luego obligarlo a que se regule a sí mismo.
El Federalista, LI (1788)[1]
ESCRITO POR: CAROLINA KOSZTURA RINCON
Varios
autores coinciden sobre lo desafiante que es para un gobernante el mantener y
en algunos casos llegar a tener un equilibrio sobre el tema de la
gobernabilidad, sin importar las distintas definiciones y divisiones que cada
uno haga sobre el concepto.
Lo claro
acá es la distancia y cercanía que pueda tener los mandatarios sobre su propia
significación de cómo deberían gobernar; y sobre todo de como seria gobernar
bien.
En el caso
particular de esta investigación la gobernabilidad de Álvaro Uribe, se le
podría llamar instintiva, de corazonadas; como las que puedan tener los padres
de familia cuando aparecen situaciones inesperadas, donde en primera medida
quieren desde el cariño de un padre a un hijo explicar con argumentos
convincentes el entendido que ellos comprenden sobre el funcionamiento de la
vida, explica cómo logró abstraerse de la realidad misma para poder ver desde
arriba, el panorama que él bien conoce. Lo cual lo inviste de poderes sobre las
decisiones, las cuales no se deben cuestionar y mucho menos desacatar.
En
efecto, lo anterior no es compatible con la administración de un país. Pero en
el caso del estilo de gobernar de Álvaro Uribe con rasgos de paternalismo
autoritario en su mandato. Ahora voy a tratar más puntualmente el asunto de la
gobernabilidad No cabe duda, del histórico debate que se ha construido
alrededor de la gobernabilidad; donde en una manera acertada se ha definido
como: Un estado de equilibrio dinámico
entre el nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político
para responderlas de manera legítima y eficaz. (Camou, 2001, pg 10)
Colombia
en la región latinoamericana es un país encuadrado dentro de los lineamientos
de la globalización y en la política de securitización internacional. Esta
última afianzada aún más en el gobierno de Uribe Vélez; es después de los
atentados del 11 de septiembre del 2001, que la securitización se insertó en
los distintos temas de agenda pública. Al respecto conviene decir que el
término de securitización era común escucharlo en escenarios económicos y de
comercio exterior para afianzar la certidumbre financiera de las inversiones de
las empresas. Aquí conviene detenerse un momento a fin de analizar el tipo de
gobernabilidad ejercida por Uribe sin salirse de la lógica económica.
Basándonos
en las estrategias que tuvo el gobierno, nos encontramos que ese tema era
prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo: se sabe que el principal síntoma del aumento
de la pobreza es el incremento de la tasa de desempleo y la caída en los
ingresos laborales de los hogares.
Durante la última crisis se presentaron varios efectos nocivos para la
economía en donde resultaron muy golpeados los hogares más pobres; (1) la tasa
de desempleo en Colombia aumentó a niveles superiores del 20%; (2) las mujeres
y los hombres vieron reducir su ingreso en un 4,6% y en un 12,7%,
respectivamente; (3) aumentó la tasa de participación en el mercado laboral de
los jóvenes y niños en edad escolar, y esto tuvo como consecuencia una
disminución en el número de años promedio de educación de la población –en el
período 1996-2000 este número aumentó en 7,2%, mientras que en el período
siguiente, 2000-2004, sólo creció 3%. (PND, 2006 - 2010).
Cierto es
que la disminución de la pobreza ayuda considerablemente a la economía del
país; pero también es cierto que no ayuda profundamente en la solidez económica
de cada familia que deja el desempleo.
Cabe
señalar, el aumento de micro créditos a familias menos favorecidas hace
obligatoriamente insertarlas en la dinámica financiera, sin una política
pública seria de empleo y continuidad en el mismo.
En el
marco del concepto de gobernabilidad La
pérdida de la conducta política[2]
es evidente en el ejercicio presidencial de Uribe Vélez. Basando su discurso en
la transformación de la política colombiana; crea nuevos códices de conducta
institucional que no se habían hecho anteriormente en la historia del país.
Recrea espacios de participación popular, de horas interminables para dar
cuenta de las necesidades locales de las regiones y administrar políticamente y
sobre todo democráticamente a la Colombia que en sus propias palabras ha estado
olvidada por el gobierno central.
Es por eso
que los consejos comunales traspasan la línea invisible de la realidad y el
imaginario social. Antonio Camou lo resuelve de la siguiente manera:
“La reestructuración del espacio provoca un desperfilamiento del ámbito
político. Resulta difícil precisar el lugar que ocupa la política, los límites
que distinguen la esfera política de la no política, el campo de competencia
propio al quehacer político, en fin, el sentido de hacer política. Tal
indeterminación afecta por igual a los políticos, cada día más inseguros acerca
de su rol y función, como a los ciudadanos que ya no saben dónde y cómo ejercer
sus derechos. En tales condiciones, no sorprende que la gente tenga dudas
acerca del valor de la política”. (Camou, 2001, p. 91).
Traer
desarrollo a las regiones se introduce, en la esencia de la democracia
latinoamericana de modelo keynesiano de economía, donde le intervencionismo del
Estado es determinante en la regulación del comercio. Convirtiéndose el interés
general el bienestar económico de la industrias más grandes o prometedoras del
país.
El
gobierno de Álvaro Uribe fue autor y coautor de tres leyes económicas. 1.
Biocombustibles, 2. Forestal y 3. Estatuto Rural.
Reconfigurando
así la administración en temas territoriales en poco tiempo, los tres proyectos
se radicaron en tan solo 39 meses, desde el 10 de abril 2004 hasta el 25 de
julio 2007. (Arco Iris, 2010 p. 362)
Entonces
tenemos:
·
Ley
General Forestal (LEY 1021 DE 2006): Concebida como ley integral para los
asuntos forestales. Pero parecía más a un régimen de aprovechamiento forestal
que a uno de conservación. (Foro Nacional Ambiental, 2005. En “Y refundaron la
patria”)
Posteriormente
por medio de sentencia constitucional (C-030), el 23 de enero de 2008 la corte
declaró inconstitucional, en su totalidad la ley forestal.
·
Ley de
Saneamiento de Propiedad (LEY 1182 DE 2008): Villegas, Revelo y Uprimny de
Dejusticia en la investigación realizada en el libro “Y refundaron la patria” destacan: Con el Plan Nacional de
Desarrollo 2006 – 2010, se construyó un plan de reforma institucional que
redefinió el campo en Colombia. La ley también modifico el Incoder, y otras
instituciones; el tema de reubicación de población en zona de desastres seria
asumida por la Dirección de Atención y Prevención de Desastres. La asignación
de tierras a los reinsertados a cargo de la Alta Consejería para la
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas. La
atención a minorías étnicas, asumida por la Dirección de Etnias del Ministerio
del Interior y de Justicia. La administración de bienes baldíos adjudicables, a
cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales y la Unidad Administrativa
Especial de Parques Nacionales Naturales. Asignación de tierras a la población
desplazada, asumida por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
cooperación Internacional. Y el saneamiento jurídico y Fiscal de bienes
extinguidos e incautados en procesos judiciales de extinción de dominio, estaba
a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
La Corte
constitucional por medio de sentencia C- 175 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas,
declaró inconstitucional la totalidad del Estatuto.
Lo cierto
es que se desvanece lo que al inicio de este tema se planteaba como significado
de gobernabilidad, y es más claro aún es
la intención del gobierno Uribe de beneficiar a unos pocos a costa de la
propiedad de todos los colombianos.
Siendo
evidente la importancia agrícola para el empuje económico, por medio del AIS
(Agro Ingreso Seguro) se materializó la intención de la reforma agraria
colombiana por medio de subsidios a agricultores colombianos. La denuncia fue
hecha por la Revista Cambio en el 2009:
“Acceder a un subsidio del programa Agro Ingreso Seguro es como ganarse
la lotería, pero durante la gestión de Andrés Felipe Arias, hoy precandidato
conservador, buen número de los que recibieron subsidios no reembolsables son
grandes empresarios del campo y familias millonarias con gran influencia
política regional”.
Siendo que
45 financiadores de la reelección recibieron subsidios. Además de la familia
Dávila y de Valerie Domínguez, otros beneficiados fueron: Familia Tribín, zona
bananera, 2.140 millones. Familia Riveros Páez, Meta, 2.000 millones. Familia
Vives, zona bananera, 1.610 millones. Familia Fernández de Castro, zona
bananera, 1.413 millones. Familia Posada Grillo, Valle, 1.037 millones.
Familia Cuello, La Guajira, 629
millones.
Mientras
tanto el desplazamiento de los campesinos, iba en aumento, con ayuda del
clientelismo armado para tales fines, que deterioran la estabilidad social de
Colombia. Siendo definitivo el efecto
colateral de la Providencia en la
presidencia de Uribe Vélez; ya que, llegado a este punto y con las
pretensiones al inicio de su primera campaña presidencial, el segundo mandato
del presidente Uribe Vélez se puede analizar como el daño colateral del
primero.
La
explicación radica en lo expuesto en el segundo capítulo de esta investigación
planteado por Agamben, de cómo el acto de gobierno representa una zona de
indecibilidad. Entre lo general y lo particular. Entre lo calculado y lo no
querido.
El segundo
periodo presidencial de Álvaro Uribe demuestra una vez más la línea excepcional
de su mandato configurándose su carácter despótico traspasando las libertades
de todos los colombianos; como lo explica Agamben en el capítulo de Maquina Providencial. Traducido por
Uribe, donde el bien general reposa en los intereses económicos de los gremios,
representaría el interés particular que en este caso es la sociedad colombiana
campesina y obrera.
Siendo
evidente la base de la gobernabilidad de Uribe Vélez, basándose en dos temas
primordiales. Por un lado el manejo de la seguridad, enfocándola al servicio de
los tradicionales industriales, y de los nuevos dueños de los medios de
producción; reconfigurando el agro del país para así devolver los favores
recibidos en la campaña presidencial. Arrollando el clientelismo a los
intereses sociales del país.
[2] Para
Antonio Camou: No es lo mismo tener democracia a gobernar democráticamente. Una
vez conquistado un "nivel mínimo" de democracia de cara al
autoritarismo, se vuelve preocupación prioritaria la gobernabilidad, o sea las
condiciones de posibilidad de gobernar en el marco de las instituciones y
procedimientos democráticos. La gobernabilidad democrática
es problemática no tanto por un supuesto exceso
de demandas sociales. Los Desafíos de la
gobernabilidad, pg 92.
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