CONTROL
POLÍTICO Y SOCIAL A LOS ESCOLTAS
Carlos Eduardo Maldonado
Profesor Titular
Facultad de Ciencia Política y Gobierno
Universidad del Rosario*
Escrito para kawsayrei.
Escrito para kawsayrei.
En todas las ciudades, los
ciudadanos normales son/somos víctimas, en diverso grado y momento, pero siempre
intermitente y sorpresivamente, de los escoltas de los personajes de turno; o
de los de siempre. Las propias autoridades -notablemente la policía- no hace
nunca nada (sí: “nunca”: una palabra fuerte pero justa en este caso) para
prevenir ni para controlar o castigar los desmanes de los escoltas.
En carros y en motos, a pie y en
grupos, y siempre, siempre armados, físicamente y con una prepotencia que los
acerca mucho, muchísimo, a la delincuencia común. Al fin y al cabo, entre el uso legítimo de la
fuerza y el hampa no hay sino una sola diferencia: la legitimidad, precisamente,
y cuando esta se pierde o se erosiona, las fronteras entre escoltas y hampones son
nulas. Se impone, por consiguiente, un control político y social a los desmanes
de los servicios de escoltas.
En ningún país del mundo –y
ciertamente en ninguno democrático e institucional- se aprecian los
despropósitos diarios y repetidos de los escoltas. Frenan a los otros
automóviles cuando y como lo desean, atraviesan motos y rompen en buen curso de
las vías. Irrumpen en espacios públicos como si fueran propios, y en algunos
espacios privados, como restaurantes o centros comerciales, por ejemplo, su
lenguaje corporal y la proxemia son, por lo general, hostigantes y desafiantes
antes que vigilantes y cautelativos.
Estos comportamientos son la
expresión, sin ambages, de dos cosas. De un lado, miedo, y de otra parte,
extralimitación en el uso de la fuerza. Miedo y extralimitación tanto de parte
de los escoltas mismos, como, más sintomáticamente aún, del lado de aquellos a
quienes ellos protegen. La guerra en Colombia no se vive única o principalmente
en las montañas de Colombia. Se vive en la cotidianeidad en las ciudades y el
campo. Vayamos por partes.
Los personajes a quienes
custodian o bien les permiten dichos gestos y acciones agresivas y hostigantes
o bien no los impiden ni previenen. Lo cual significa que por acción o por
omisión, esos mismos personajes son culpables de la agresividad e incluso
violencia de los escoltas. Es un tema básico de derecho, de ética pública y ciudadana,
y de política de convivencia y derechos humanos y fundamentales.
Colombia es un país de
resentidos, y el resentimiento, como ya sostuviera P. F. Strawson nace de las
expectativas frustradas. De un lado, o del otro. Hablamos y estamos hablando de
justicia, perdón, memoria y olvido. Pero en el conflicto social –no en el
militar- que vive y ha vivido Colombia, el resentimiento es un tema político,
no simplemente psicológico o emocional que tiene expresiones fuertes del lado
de quienes se supone que son garantes del uso legítimo de la fuerza. Pero esa
legitimidad se ve vulnerada y violada numerosas veces.
Es hora de que la ciudadanía se
organice y protesta contra estos desmanes. Las páginas web y las redes
sociales, primero. Pero también acciones sociales y movilizaciones políticas
contra esta forma de violencia cotidiana de baja intensidad, pero permanente.
¡Hay de quienes se les crucen o lleguen a tener problemas con los escoltas!
Como ya ha sucedido hasta la fecha; y como es habitual, con impunidad total.
¡Ya basta de estos y tantos desmanes! ¡Límite a los despropósitos de los
escoltas. Si los personajes a quienes custodian no los previenen, les
corresponde a los ciudadanos, y la sociedad civil en general denunciar, detener
y prevenir tantos despropósitos que son ilegales (jurídicamente) e ilegítimos
(políticamente).
La deslegitimación de la
institucionalidad proviene en primer lugar de los representantes del Estado y
de las fuerzas de seguridad en este caso. No de la ciudadanía ni de la
oposición. Con toda seguridad, los excesos de los escoltas nada tiene que ver
con los esquemas de seguridad y de protección de tantos personajes valientes en
el país: periodistas amenazados, líderes sindicales y políticos protegidos por
el Estado, por ejemplo. (Así como no hay que confundir las cosas, tampoco cabe
hacer generalizaciones ligeras).
Llevando el tema al extremo, y
cambiando un tanto de foco, el tema tiene que ver con esa condición que en el
país se denomina: “vigilancia privada”. En la doble acepción de la palabra:
vigilancia de ciudadanos particulares generalmente vinculados al sector púbico
pero muchas veces al sector privado –que son, en realidad, la mayoría-. Y las
empresas privadas de seguridad: una verdadera anomalía democrática. Y para no
ir al dominio cotidiano del enorme ejército de vigilantes y porteros en
edificios, conjuntos residenciales y demás. Muchos de ellos, particularmente
cuando se desplazan en sus vehículos por las calles de las ciudades de
Colombia, en clara actitud de desafío y prepotencia.
En fin, temas de percepción
ciudadana con valor político.
*Carlos Eduardo Maldonado.
carlos.maldonado@urosario.edu.co
hasta cuando delirios de poder....
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